
Aunque diciembre suele representar el momento de mayor actividad y esperanza para el comercio minorista, el cierre de este año presenta un panorama sombrío para el rubro juguetero. Lejos de la reactivación esperada por las fiestas, los fabricantes y vendedores nacionales enfrentan una tormenta perfecta que combina una caída estructural de la demanda —motivada por factores sociales y demográficos— con una desregulación del comercio exterior que saturó el mercado, poniendo en riesgo la continuidad de la industria local.
La Cámara Argentina de la Industria del Juguete (CAIJ) emitió un informe alertando que el consumo no da señales de repunte ni en las grandes cadenas de supermercados ni en las jugueterías de barrio. La gravedad de la situación se refleja en el cierre definitivo de comercios históricos, un síntoma inequívoco del deterioro comercial.
Si bien el canal digital ha logrado expandirse, convirtiéndose en una vía habitual de compra, este auge es insuficiente para compensar las pérdidas: el comercio electrónico apenas alcanza el 25% del total de las ventas. Además, este canal presenta sus propios desafíos. Desde la entidad explicaron que “se registra un fuerte incremento de importaciones, compras puerta a puerta y contrabando, en un contexto de transición normativa en materia de seguridad del juguete que genera incertidumbre tanto para el sector como para las familias”.
Cambios de hábito y caída demográfica
La CAIJ destaca que la merma en las ventas no responde únicamente a la coyuntura económica, sino a transformaciones profundas en la sociedad. Por un lado, el avance de la tecnología ha desplazado el interés de los niños hacia las pantallas en detrimento de los juguetes físicos.
Por otro lado, el organismo señala un dato estadístico contundente que impacta directamente en su mercado objetivo: la tasa de natalidad en Argentina se desplomó un 42% desde 2015, reduciendo significativamente la base de consumidores potenciales.
Uno de los puntos de mayor tensión es el ingreso masivo de mercadería del exterior, mayoritariamente de precios bajos y, en muchos casos, sin los controles adecuados. Las cifras oficiales del período enero-octubre son elocuentes: las importaciones treparon a US$91,3 millones, lo que representa un aumento interanual del 59,5% en valor y un impactante 94% en volumen (17,5 millones de kilos). China se consolida como el origen dominante, acaparando casi la totalidad del volumen ingresado (94,4%).
Matías Furió, presidente de la CAIJ, graficó la situación con crudeza: “En un año pasamos de 199 a 530 importadores, de 9 millones a 17,5 millones de kilos, y con el consumo en caída. Una avalancha sin precedentes”.
La preocupación se extiende a la seguridad sanitaria. La cámara denunció que muchas plataformas de e-commerce ofrecen productos bajo la modalidad de "compra internacional" que eluden la normativa de seguridad vigente. Se han detectado en la región artículos con presencia de metales pesados y sustancias prohibidas, lo que representa un riesgo directo para la salud de los menores.

Ante lo que definen como una "combinación de mercado saturado, controles insuficientes y productos de bajo valor sin trazabilidad", la CAIJ solicitó a las autoridades una batería de medidas para evitar una mayor capacidad ociosa y proteger el empleo. Entre los puntos principales exigen:
Fortalecimiento de los controles fronterizos para frenar el ingreso de artículos sin certificación.
Fiscalización en plataformas digitales, exigiendo que toda publicación incluya el marcado de conformidad y seguridad.
Trazabilidad efectiva tanto en tiendas físicas como online.
Regulación de importaciones subfacturadas que distorsionan los precios y fomentan la evasión fiscal.
Garantías de una competencia leal entre los fabricantes nacionales y los importadores que operan dentro de la ley.